En días recientes el presidente de la República, Hugo Chávez, ha manifestado la intención de convertir al Archipiélago de Los Roques, La Orchila e Isla de Aves en el estado Insular Miranda, cuya capital está en estudio y muy posiblemente se ubique en El Gran Roque.
Sin embargo, a dicho hecho, se deben formular cuestionamientos legales y ciudadanos, dado que un estado, dentro de una República Federal, no nace de la nada.
A considerar, en primer lugar, se debe tener que si la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal, tal como se expresa en el preámbulo de la Constitución de 1999, está implícito la indivisibilidad del territorio, es decir, los estados que conforman la federación no podrán dividirse, cederse o donarse. Este es un principio supranacional que afecta la creación de dicho estado.
También, que los tres territorios que conformarían el estado insular Miranda no tendrían la población suficiente para conformar un estado y darle un tratamiento diferente al que se le viene dando como territorios insulares de la República, lo cual se encuentra en el Título I, Capítulo II, de la citada Carta Magna.
La Ley Habilitante que detenta el Primer Mandatario nacional tampoco lo faculta para crear un estado. Dichos poderes otorgados por Ley, son específicos y si concreta la creación del estado insular Miranda, estaría violando no sólo la Ley Habilitante otorgada en 2010, sino también, la Constitución de 1999 y las leyes que regulan el funcionamiento de los estados.
Dentro del aparataje jurídico vigente, existen maneras de mejorar, hacer llegar recursos y proteger los territorios insulares. No se justifica crear un estado insular para desviar recursos y que quienes no puedan visitar dichos territorios lo hagan.
Se trata no sólo de islas, islotes y archipiélagos. Es de la protección del equilibrio natural de cada uno de esos ecosistemas, y más allá de las razones naturales, su creación no redundaría en un beneficio directo. Si no se le ha dado en otrora, no se hará convirtiendo los territorios insulares en estado. Ya hay protección jurídica y maneras de potenciar, proteger y preservar los mencionados territorios; sin embargo, no se puede concluir sin dejar de hacerse una pregunta: ¿por qué pasar por encima de principios jurídicos propios de la República y crear un estado innecesario?
Luis Emilio Sequera León
Politólogo, habitante de Santa Mónica
Correo: lemilios1@hotmail.com.
martes, 9 de agosto de 2011
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