Seis de marzo de 2012, 7:15 pm, frente al CC Metro Plaza, avenida Julio Centeno, municipio San Diego, estado Carabobo.
Un joven de sólo trece años de edad es víctima de un arrollamiento y fallece. Los vecinos protestaron cerrando la avenida en ambos sentidos durante cuatro horas. Prácticamente todo el municipio colapsó.
Los medios de comunicación se hicieron presentes. También las autoridades se apersonaron e hicieron promesas a los vecinos adoloridos por lo trágico del hecho que les arrebató la vida de un niño. Se tomaron algunas acciones correctivas pero, a un año, cuatro meses y veinte días; el 26 de julio de 2013, casi a la misma hora de la noche, otro joven fallece arrollado en el mismo sitio.
De nuevo la comunidad es estremecida. Otro de sus habitantes, un adolescente de 15 años, es arrebatado de la vida y sus sueños de futuro fueron a parar debajo de las ruedas de un vehículo. Tener que atravesar a pie la avenida Julio Centeno le costó la vida a estos dos seres humanos y le ha ocasionado problemas de salud a muchos otros que han sido arrollados en esa vía.
El crecimiento urbano en este y en muchos municipios en el país no ha tomado en cuenta que lo más importante para que este crecimiento pueda ser considerado como tal, es el bienestar de los seres humanos que habitan en dichos municipios.
No puede ser que el bien más preciado que tenemos, la vida, esté a merced de delincuentes que andan a pie, en moto o en automóvil. Delinque no sólo quien atraca, viola, asesina, secuestra, trafica con droga. También lo hace quien se vuelve un energúmeno cuando se sienta detrás del volante de un vehículo, infringe los límites de velocidad y le quita la vida a quienes usan las calles y avenidas para cumplir sus tareas diarias.
También es un delincuente quien, como autoridad municipal, estadal o nacional, tiene en sus manos la responsabilidad de resolver los problemas vitales de los ciudadanos y no los asume de manera seria y cumpliendo la palabra empeñada.
La pérdida de seres humanos como consecuencia de la irresponsabilidad de todos estos delincuentes no puede convertirse en algo que los ciudadanos veamos como normal y, peor aún, no puede ser que nos acostumbremos a ello sin exigir a las autoridades que los metan en cintura.
YOELINA MENDOZA
Profesora jubilada
Hab. Valencia/Carabobo
Yoelinamendoza@hotmail.com
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