La unidad de Registro Civil ubicada en la sede de la medicatura forense de Bello Monte, dependencia adscrita al Cicpc, dista mucho de cumplir con sus funciones de servidores públicos. Preocupa que el Estado invierta para tener un mejor sistema de registro funcional y una administración pública eficiente y no lo logra. Un ejemplo de ello es la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Este instrumento legal buscó en su momento combatir la burocracia en el país, pero, al parecer, es un tema tan álgido que todo continúa casi igual; es así como vemos en este Registro Civil, donde los familiares de las personas fallecidas hacen los trámites administrativos como el acta de defunción, que la gente pase horas mientras los funcionarios sólo atienden máximo 4 personas en la mañana y 4 personas en la tarde, con lo que colapsa el recinto por la espera, donde además el trato no es el más acorde. Se ha perdido el sentir del servidor público, se olvidaron que su función, su trabajo, es prestar dicho servicio.
Es una falta de respeto para con los familiares -que se encuentran allí reclamando el cadáver de un ser querido- tener que pasar más penurias de las que de por sí ya ocasiona la muerte de un familiar. Retrasar la salida del cadáver por un simple acto administrativo, que vale la pena recordar es un formato que se llena a mano, es un acto insano. Nada justifica que se juegue con el dolor ajeno. Aquellas personas que están allí esperando poder darle cristiana sepultura a su ser querido no esperan sino que los funcionarios hagan su trabajo bien, situación que es todo lo contrario porque es un calvario esperar este documento y, peor aún, darse cuenta de que al entregarlo tiene más de un error de fondo, que imposibilita continuar con el trámite, y hay que volver a esperar que se subsane el error. Se le está ocasionando un daño irreparable a los ciudadanos que acuden allí por circunstancias del destino.
El llamado es claro: se debe supervisar este Registro, hay que solicitar que empiecen a cumplir con las actividades para las cuales el organismo contrata a las personas, es algo sádico y con un toque de morbo ver a las personas padecer una pérdida y, no obstante, dejarlos esperando horas por un documento que no se debería tardar en llenar más de 20 minutos, lo que es una muestra clara de ineficiencia, que luego de todo el tiempo tomado para expedir la certificación la misma traiga errores y haya que repetir el proceso. ¿Qué está pasando en este Registro? Hay que repetirlo incansablemente, hay que humanizar y sociabilizar las instituciones públicas, mas aún este tipo de institución que llevan una tarea tan delicada por la naturaleza de su labor.
Gabriel Pérez
Asistente judicial
Habitante del 23 de Enero
perezgilgabriel@gmail.com
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